- Cumplimiento legal.
- Evitar sanciones y denuncias.
- Poder participar en licitaciones públicas relacionadas con productos y servicios TIC.
- Evitar la discriminación digital y avanzar en la inclusión del conjunto de la población.
- Sobrecostes añadidos al necesitar de una adaptación digital accesible posterior.
- Eliminación de barreras digitales en los entornos de trabajo y en las relaciones con los ciudadanos (AAPP) o clientes (sector privado).
- Acceso a subvenciones y proyectos financiados con fondos europeos o públicos.
